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"Vengo a la política para honrar el apellido de mi padre, no para hipotecar el de mis hijos."
F. Randazzo

lunes, 23 de mayo de 2011

Cuando falla la Cabeza....

Por Claudia Gantus


El espacio de la salud es un espacio conflictivo. Cuando una persona debe sumar a los padecimientos de su enfermedad, los trámites administrativos que requiere su tratamiento, los insumos necesarios para su atención, los medicamentos, los cuidados, tanto el paciente como su familia se ven envueltos en una red de problemas que muchas veces superan sus posibilidades. En el terreno de la salud mental, las cosas se vuelven aún más complicadas. Por eso es ahí donde el Estado debe hacerse presente más que nunca.

Para comprender un poco los sistemas de salud en Argentina, y a riesgo de que en esta apretada síntesis se escapen algunos hechos, podemos señalar cuatro momentos en la construcción de la Salud Pública:

  • Una primera etapa del SigloXX que se caracterizó por la poca coordinación, y sin políticas activas en lo que respecta a la salud de la población, organizándose solo ante la aparición de emergentes como epidemias o catástrofes.
  • Un segundo período, a partir de 1945, donde las políticas centralizadas expanden la infraestructura pública de los servicios de salud, se impulsan las obras sociales sindicales, y los problemas de salud se convierten en cuestiones de importancia colectiva. Así, se nacionalizan los establecimientos de salud (reemplazando a las sociedades de beneficencia), se implementan programas sanitarios y se extiende la cobertura de los servicios a todo el territorio nacional, especialmente para los sectores más vulnerables. En 1949 se otorga rango de Ministerio de Salud, a la Dirección Nacional de Salud Pública.
  • Derrocado Perón, a partir del 55, y acentuado esto a partir del último gobierno militar, comienza el traspaso de los centros asistenciales a los gobiernos provinciales, sin contrapartida financiera. Este proceso fue deteriorando la oferta de servicios públicos de salud, y generando esa imagen de “ineficiencia” y descrédito que intencionalmente impulsó los emprendimientos privados.
  • En los ’90 se intensificaron los procesos de privatización de la salud, en el marco de un Estado que se retiraba cada vez más de sus obligaciones. Los argumentos para acentuar las medidas en este sentido no estaban fundados en el mejoramiento de la calidad de servicios de salud para la población, sino en la reducción de gastos, y la disminución de la participación de la Nación en la prestación de servicios no redituables.

    En este contexto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue fiel a sus principios, considerando la salud un gasto, solo se implementan políticas de desinversión. Ajeno a sus responsabilidades, somete a los ciudadanos devenidos “pacientes” al deterioro, desabastecimiento, abandono, y desidia con respecto a la salud (entre otras cosas).

    El terreno de la salud mental no es la excepción. Y el problema no es solo la falta de insumos. El Hospital Borda lleva más de un mes sin luz, sin gas, sin la posibilidad de ofrecer a los internos comida caliente, higiene, seguridad, respeto. Pero además, este estado de las cosas desconoce lo que nuestros representantes han sancionado con carácter de Ley Nacional, acorde con las Políticas Públicas del Estado Nacional.

    En Diciembre de 2010 se sanciona la Nueva Ley Nacional de SALUD MENTAL (Ley 26657) que asegura
    “el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.” (Art.1)

    El jefe de gobierno de la ciudad ya ha llamado a licitación a clínicas privadas para derivar pacientes (según consta en una denuncia con expediente 42743/08), y se sospecha de sus intenciones con negocios inmobiliarios en la zona.

    Este lunes, médicos y pacientes junto con distintas organizaciones que trabajan en beneficios de los internos del neuropsiquiátrico realizaron una marcha de protesta a la sede del gobierno porteño. Pero sabemos que solo con esta expresión, valiosa como manifestación de derechos, no se cambian las voluntades políticas. Hace falta que el gobierno de la ciudad comprenda que la Salud Pública es responsabilidad del Estado, y acorde con las políticas nacionales, actúe en consecuencia.
    Sabemos que queda mucho por hacer. Pero sabemos también que hay un proyecto político que no desconoce sus responsabilidades. Y queremos una cabeza que no falle a la hora de tomar decisiones.

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